Medio Ambiente

Alianza Nuquí - Puerto de Tribugá

En conjunto con el Consejo Comunitario General Los Riscales, delegados de los resguardos indígenas del Municipio de Nuquí, líderes sociales, fundación Mar Viva, Fundación Eduardoño, Fundación ACUA, Más Arte Más Acción, Tierra Digna, el CIDER, WWF, entre otras, conformamos la Alianza Nuquí. Como parte de esta Alianza interinstitucional y comunitaria buscamos hacer incidencia frente a los derechos y comunidades vulneradas por el proyecto de construcción del Puerto multimodal en Tribugá, Chocó. Para esto, hacemos seguimiento al proceso de licenciamiento ambiental, al tiempo que se establecen estrategias comunitarias de conocimiento jurídico, herramientas legales de defensa del territorio y de consolidación de un modelo de desarrollo propio de la comunidad de Nuqui.

Acuerdo de Escazú

Desde la Clínica Jurídica MASP hacemos parte de la alianza Escazú Ahora, donde buscamos hacer incidencia para que el Congreso colombiano ratifique el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018 y su apertura a firmas se llevó a cabo en la sede de la ONU el 27 de septiembre de 2018. El objetivo del Acuerdo de Escazú es el siguiente: Garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. A su vez, en conjunto con el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario y la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales en Latinoamérica estamos en la construcción de un informe de análisis y propuestas sobre los defensores y defensoras ambientales en el marco de las disposiciones del Acuerdo de Escazú para la CEPAL.

Fracking y transiciones energéticas

La Clínica Jurídica MASP es miembro de la Alianza Colombia Libre de Fracking y en ese marco el equipo de medio ambiente presentó coadyuvancia en el proceso de nulidad simple que cursa en el Consejo de Estado y que tiene suspendido provisionalmente el marco jurídico que reglamenta el uso de la técnica de facturación hidráulica (fracking) en Colombia. Nuestra argumentación se fundamentó en que los tres elementos constitutivos del principio de precaución (i. riesgo real de ocurrencia de un daño grave; ii. incertidumbre científica sobre el daño; iii. no hay medidas efectivas para evitar la consumación del daño grave o irreversible) son aplicables a los proyectos de explotación de yacimientos no convencionales, por medio de la técnica de fracturación hidráulica (fracking) que se pretenden realizar en Colombia y, por lo tanto, así debe ser determinado en este proceso judicial. En el marco de la Alianza Colombia Libre de Fracking, desde 2019 la participación de la Clínica ha sido:
  • En abril de 2019 radicamos la coadyuvancia frente a la demanda de nulidad simple del Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014 del Ministerio de Minas y Energía
  • Asistimos y participamos activamente en la audiencia inicial (artículo 180 de la ley 1437 de 2011) realizada el 14 de junio de 2019. Nuestra intervención expuso la debilidad institucional ambiental en Colombia, tal y como se expuso en el escrito presentado.
  • Hemos presentado memoriales solicitado al consejero ponente tener en cuenta nuevas pruebas y documentos adicionales que se han publicado en el transcurso de estos meses.
  • Participamos en la preparación de la audiencia de contradicción de los peritajes solicitados por el Consejero Ponente.
  • Construimos conjuntamente una alerta enviada a la CIDH frente a los avances desarrollados por el gobierno colombiano, en la regulación del fracking, durante la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del COVID-19.