Desde el año 2019 aportamos en el seguimiento al cumplimiento de la sentencia del Río Atrato (T-622 de 2016). Fuimos parte del comité de asesores de la Comisión de Guardianes y actualmente somos parte del Panel de Expertos. Participamos en la formulación del Plan de Descontaminación del Río Atrato. Y actualmente realizamos labores de seguimiento y gestión en el panel de Expertos.

Desde la Clínica Jurídica MASP hacemos parte de la alianza Escazú Ahora, donde buscamos hacer incidencia para que el Congreso colombiano ratifique el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018 y su apertura a firmas se llevó a cabo en la sede de la ONU el 27 de septiembre de 2018. El objetivo del Acuerdo de Escazú es el siguiente: Garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. A su vez, en conjunto con el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario y la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales en Latinoamérica estamos en la construcción de un informe de análisis y propuestas sobre los defensores y defensoras ambientales en el marco de las disposiciones del Acuerdo de Escazú para la CEPAL.

Desde 2021 hemos realizado acciones de incidencia y judiciales tendientes a contribuir con la lucha en contra de la deforestación. Demanda la Resolución 110 de 2022 que flexibilizaba la sustracción de reservas forestales. Y hemos participado en comités y mesas para combartir la deforestación.