A raíz del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, los Estados están haciendo una transición hacia las energías renovables. Colombia no debería ser la excepción.

Desde junio del 2017 la Clínica tiene una línea de investigación dirigida a estudiar el estado del arte de las energías renovables. A partir de esto, la Clínica adoptó una definición de energías renovables con base en la cual ha evaluado cómo está constituida la matriz energética del país.

A partir de un estudio comparado, MASP ha logrado determinar que, dado que cerca del 70% de la energía del país es producida por hidroeléctricas las cuales son convencionalmente entendidas como producción energética de cero emisiones, Colombia se sitúa en la cabeza de los países latinoamericanos de producción de energía limpia. No obstante, la Clínica se ha preocupado por estudiar los impactos sociales y ambientales de este tipo de generación de energía y en la construcción de megaproyectos hidroeléctricos. Para esto, ha iniciado un estudio de casos comparados iniciando por el proyecto El Porvenir II sobre el río Samaná.

En esta misma línea de investigación la Clínica se ha propuesto evaluar: ¿por qué no se incentivan más las energías renovables no convencionales en el país? ¿cuáles son las oportunidades en términos de costo eficiencia para las energías renovables no convencionales en el país? La Clínica pretende dar respuesta a estos y más interrogantes dentro de un informe de investigación o Working Paper que pueda ser usado desde cualquier sector interesado en el tema y pueda influenciar en políticas públicas e iniciativas ciudadanas al respecto.

La Clínica MASP de la mano de la Asociación Ambiente y Sociedad, ha acompañado a la Red Zihita Sie y otras organizaciones comunitarias en la lucha por la protección del Humedal Moyano.

Conscientes de que los humedales son vitales para la supervivencia humana y son fuentes de biodiversidad, agua dulce y hasta mitigación del cambio climático, entre otras funciones ecológicas, la Clínica MASP de la mano de la Asociación Ambiente y Sociedad, ha acompañado a la Red Zihita Sie y otras organizaciones comunitarias en la lucha por la protección del Humedal Moyano. Este Humedal se encuentra ubicado en predios privados de las veredas Los Árboles de Madrid y Moyano de Facatativá y es atravesado por el río Subachoque. Además de la degradación del Humedal a causa de la disposición inadecuada de residuos y escombros sobre su ronda, la desecación antrópica y la falta de delimitación jurídica del mismo, actualmente el Humedal se ve amenazado por riesgos ambientales y tensiones sociales alrededor de el megaproyecto el Aeropuerto El Dorado II. Esta nueva infraestructura aeroportuaria se justifica por las necesidades de la Capital y del país e implica el cambio de uso del uso que tendrían los terrenos donde se ubica el Humedal.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 llevamos a cabo con nuestros aliados en el caso, una secuencia de diálogos comunitarios sobre la construcción del aeropuerto El Dorado II en varias de las veredas ubicados en la zona de influencia del aeropuerto o cercanas a la misma. Todos los estudiantes de la Clínica acompañamos el proceso. Como cierre de estos diálogos el sábado 2 de diciembre en Madrid, Cundinamarca, la Clínica acompañó el taller sobre mecanismos jurídicos y cartografía con la comunidad. En este taller, de la mano de los habitantes de las veredas, hicimos un diagnóstico de los actores involucrados, los territorios estratégicos, las actividades económicas, las afectaciones directas o indirectas a los individuos y los conflictos presentes en la zona de influencia y sus alrededores. Así mismo, en este taller la Clínica presentó un análisis de viabilidad de los mecanismos jurídicos que podrían ser útiles para procurar la mayor participación posible de la comunidad en el megaproyecto y con ello, la inclusión y atención a sus puntos de vista, preocupaciones, derechos e intereses.

A partir de este ejercicio, nos encontramos evaluando las posibilidades de incidir en el proyecto y seguir acompañando jurídicamente a la comunidad para perseguir varios propósitos: el primero, trabajar para que se protejan los derechos humanos de las personas y familias que se verán afectadas por el aeropuerto y segundo, acompañar y capacitar a la población en un proceso de veeduría sobre este proyecto, para que no resulte en sobrecostos o errores por falta de planeación.

Los programas de pagos por servicios ambientales buscan la consecución de la paz ambiental y territorial en el país. La Clínica hace investigación socio jurídica para incidir en la aplicación de los PSA en Colombia.

Desde su creación, MASP se ha interesado por los instrumentos económicos diseñados para incentivar la conservación de los ecosistemas y la preservación de los servicios ambientales de los que todos dependemos. En relación, los miembros del grupo de medio ambiente se han enfocado en los pagos por servicios ambientales (PSA) como uno de los esquemas de incentivos para la conservación exitosos en Colombia. Este mecanismo consiste en transacciones entre proveedores de servicios ambientales y operadores del programa. Los primeros, se comprometen a implementar medidas relativas con el manejo de los recursos naturales en un predio determinado; los segundos, aportan en dinero o en especie a cambio de garantía de la disponibilidad del servicio ambiental.

El proyecto de investigación sobre PSA tiene dos objetivos: por un lado, la consecución de la paz ambiental y territorial en el país, teniendo en cuenta que los territorios que tuvieron mayor incidencia del conflicto armado, a su vez, albergan importantes ecosistemas estratégicos. Por otro lado, en la expedición del Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales a través del cual el Gobierno Nacional busca ofrecer un marco jurídico para unir los esfuerzos que ya se venían dando con la implementación de los PSA y reforzar al mismo tiempo su presencia en los municipios priorizados en el Acuerdo de Paz pactado con el grupo de las FARC.

El objetivo de la Clínica ha sido encontrar oportunidades de incidencia para estudiar desde la investigación socio jurídica la aplicación de los PSA en Colombia, evaluar sus impactos, apoyar a las instituciones tanto en el sector público como en el privado en la implementación de los esquemas y aportar la política nacional sobre pagos por servicios ambientales. La Clínica durante el año 2016 realizó trabajo de campo en torno al esquema de PSA implementado por la Gobernación de Cundinamarca. Posteriormente, en el primer semestre de 2017 realizó trabajo de campo en el oriente antioqueño donde MASBOSQUES implementa el esquema BanCO2. Finalmente, en el segundo semestre de 2017 se hizo trabajo de campo en Caquetá, donde la Fundación Picachos y Patrimonio Natural implementan los PSA. Simultáneamente la Clínica ha participado de espacios de discusión sobre el tema y ha hecho seguimiento a la opinión pública y a la expedición de los instrumentos jurídicos que buscan regular el tema.

Para el primer semestre de 2019, MASP espera publicar sus primeros productos de nuevo conocimiento sobre el estudio de los PSA.